Criminal Compliance México

¿Qué es y para qué sirve un Compliance Program?

A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en México, las personas jurídicas pueden ser investigadas, imputadas, procesadas y sentenciadas por la comisión de un delito. Para estos efectos, se ha establecido un procedimiento especial, en la normativa antes referida, que permite la vinculación al proceso penal de la empresa en dos dimensiones: la primera , relativa a la comisión de un probable delito cometido por parte de un miembro de la empresa, cuya comisión puede ser transferida al propio ente colectivo.

A este modelo se le denomina responsabilidad por transferencia. La segunda dimensión, denominada modelo de autorresponsabilidad, permite la acusación del ente colectivo de manera autónoma –sin que se requiera la imputación a una persona física-, al considerarse que la persona jurídica ha vulnerado el ordenamiento jurídico-penal de manera directa.

Ambos modelos de imputación se fundamentan en un defecto de organización empresarial esto es, en la falta de un debido control de riesgos penales al interior del ente colectivo, lo que podría generar las condiciones para considerar que el funcionamiento de la persona jurídica muestra un déficit de fidelidad al derecho con especial referencia al ámbito penal. De conformidad con lo señalado, y de acreditarse la ausencia del debido control organizacional, la persona jurídica podría ser objeto de la imposición de una de las consecuencias jurídicas –penas- contempladas en el ordenamiento mexicano: desde una multa, transitando por la intervención judicial, hasta la clausura o disolución del ente colectivo, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir ciertos miembros de la empresa.

La configuración del Estado Mexicano genera las condiciones para que cada estado de la República, la Ciudad de México, asi como la Federación, establezca un catálogo de delitos que puedan ser cometidos por las personas jurídicas, así como los criterios de acusación. Esto se traduce en que un modelo preventivo del delito puede ser eficaz a escala de la legislación federal, pero inútil frente a los criterios de responsabilidad penal establecidos por una legislación local

A este modelo se le denomina responsabilidad por transferencia. La segunda dimensión, denominada modelo de autorresponsabilidad, permite la acusación del ente colectivo de manera autónoma –sin que se requiera la imputación a una persona física-, al considerarse que la persona jurídica ha vulnerado el ordenamiento jurídico-penal de manera directa. Ambos modelos de imputación se fundamentan en un defecto de organización empresarial esto es, en la falta de un debido control de riesgos penales al interior del ente colectivo, lo que podría generar las condiciones para considerar que el funcionamiento de la persona jurídica muestra un déficit de fidelidad al derecho con especial referencia al ámbito penal. De conformidad con lo señalado, y de acreditarse la ausencia del debido control organizacional, la persona jurídica podría ser objeto de la imposición de una de las consecuencias jurídicas –penas- contempladas en el ordenamiento mexicano: desde una multa, transitando por la intervención judicial, hasta la clausura o disolución del ente colectivo, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir ciertos miembros de la empresa.

A escala internacional, las empresas con un gobierno corporativo sólido y altos estándares de responsabilidad social, contemplan un programa de cumplimiento de la legalidad. Configurados por diversas dimensiones, entre las que se ubican directrices, protocolos internos de actuación, manuales de organización, circulares y procesos de formación de la voluntad empresarial; los denominados compliance programs son de gran utilidad, pues sientan las bases para una cultura empresarial ajustada al ordenamiento jurídico. Por otro lado generan beneficios económicos de más amplio alcance al afianzar el prestigio y fortalecer la capacidad de las empresas para generar alianzas a nivel nacional e internacional.

Si bien los programas de cumplimiento empresarial de corte tradicional, resultan útiles frente al ordenamiento jurídico; no fueron creados para la prevención del delito, de tal forma que suelen dejar espacios vacíos en sus contornos que generalmente muestra un déficit en el control de los riesgos penales. Este es el caso de los programas de cumplimiento estándar, que forman parte del gobierno corporativo global de una empresa transnacional, debido a que no fueron elaborados, desde su origen, en armonía con la normativa que rige en determinado país

Toda vez que la responsabilidad penal de las empresas jurídicas es de reciente creación en México, es factible afirmar que pocas empresas cuentan con un programa de cumplimiento penal sólido en nuestro territorio, generando de esta forma un riesgo para la empresa, en el caso de que ésta, o un miembro del ente colectivo incurra en un delito por el cual –a la vez- se autorice la persecución penal del ente jurídico.

Blindaje jurídico

COMPLIANCE OFFICER

Criminal Compliance México tiene la experiencia para servir como oficial de cumplimiento en las empresas en las que se diseñe e implemente un efectivo programa de cumplimiento normativo penal.

La estructura y experiencia de los socios brinda la posibilidad para que nuestros clientes construyan alianzas, asociaciones y coinversiones con otras empresas, amparadas por programas de compliance de corte penal.

Criminal Compliance México revisa, en su calidad de oficial de cumplimiento:

  • El marco organizacional de la empresa.
  • Los canales de comunicación interna.
  • Programas de capacitación para la prevención delictiva.
  • El canal de denuncias interno y externo.

COMPLIANCE INTERNACIONAL

Debido a que el concepto de criminal compliance ha tenido un mayor desarrollo en los Estados Unidos de América y la Union Europea, Criminal Compliance México asesora a sus clientes para la presentación de un programa de cumplimiento y procedimiento empresarial de conformidad con las exigencias legales.